Casi un año después de que las fuerzas rebeldes lideradas por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) derrocaran al presidente Bashar al-Assad, ha comenzado el juicio contra los sospechosos presuntamente responsables de una ola de violencia sangrienta en la costa siria. Probablemente pondrá a prueba la promesa del gobierno interino de administrar justicia transicional.
El 18 de noviembre, en el tribunal penal civil de Alepo, se abrió el juicio con 14 sospechosos. Presuntamente vinculado a un episodio violento ocurrido en marzo que dejó casi 1.500 muertos. El proceso público se produce tras una investigación estatal de un mes de duración sobre los enfrentamientos mortales, durante los cuales las fuerzas gubernamentales mataron a varios cientos de civiles, la mayoría alauitas, una minoría religiosa a la que pertenecía Assad y que reside principalmente en la costa mediterránea.
La violencia se desató en marzo de 2025 en varias ciudades y pueblos costeros de mayoría alauita en Siria, principalmente a lo largo de la costa mediterránea en las gobernaciones de Latakia y Tartus. La emboscada inicial, perpetrada por grupos armados, afines al régimen derrocado de Asad, tuvo como objetivo a las fuerzas de seguridad leales al gobierno interino del presidente Ahmad al-Sharaa. El episodio que desembocó en el juicio constituye uno de los estallidos de conflicto más mortíferos desde que el grupo islamista HTS, liderado por la Sharaa, y sus aliados derrocaron a Asad, un veterano autócrata, hace un año.
De la impunidad a la rendición de cuentas
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