La campaña de ejecuciones en Irán se intensifica a medida que la guerra proporciona una tapadera para la represión.
Irán ha ejecutado recientemente a más manifestantes, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo está utilizando las narrativas de tiempos de guerra y la indiferencia global para reformular su enfoque hacia la disidencia e infundir miedo en la sociedad.
El lunes, dos hombres iraníes identificados como Alireza Sepahi y Alireza Raisi fueron ejecutados en relación con las protestas nacionales de enero, después de que el poder judicial del país anunciara que el Tribunal Supremo había ratificado sus sentencias de muerte.
Según la agencia de noticias Mizan, perteneciente al poder judicial, los dos se encontraban entre los acusados en el caso de la plaza Alikhani en la ciudad de Isfahán, donde las autoridades afirman que cuatro miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante las manifestaciones del 8 de enero. En este caso, otras cinco personas ya han sido ejecutadas, mientras que otras siete han recibido la misma condena.
Los dos últimos casos elevan a 34 el número de personas que se sabe que han sido enviadas a la horca solo por las protestas de enero, según un recuento de la Organización Iraní de Derechos Humanos, con sede en Noruega.
Las penas de muerte se ejecutaron cuando tres mujeres, en casos separados de gran sensibilidad política, se enfrentaban a la ejecución. Mozhdeh Hashemi Bazargani, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, denunció torturas, confesiones forzadas y la negación de un abogado de su elección, según organizaciones de derechos humanos. Soda Ebrahimi Shamsabadi fue condenada a muerte por cargos que incluían delitos contra la seguridad nacional, presunta actividad de inteligencia y envío de imágenes a medios de comunicación en persa en el extranjero. Mahboubeh Shabani también recibió la misma sentencia en un caso en el que, según informes, las autoridades la acusaron de ayudar y transportar a manifestantes heridos en motocicleta.
