WASHINGTON — Mientras la mayoría de las tropas estadounidenses restantes abandonan sus bases en las regiones federales de Irak antes de la fecha límite fijada por Bagdad este mes, una enmienda a la versión del Senado del proyecto de ley de gastos de defensa del próximo año podría restringir la capacidad de Washington para financiar aún más a las fuerzas de seguridad del país.
La medida, si se incluye en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) final de 2026, — permitiría al Congreso retener hasta la mitad de los fondos asignados a la Oficina de Cooperación en Seguridad para Irak (OSC-I) hasta que el Pentágono certifique que el gobierno iraquí “ha tomado medidas creíbles” para debilitar “la capacidad operativa” de las milicias alineadas con Irán en el país.
La medida también requeriría que el secretario de Defensa de Estados Unidos certifique a los legisladores que el gobierno iraquí ha fortalecido la autoridad del primer ministro sobre las milicias y ha responsabilizado a los individuos responsables de los ataques contra personal estadounidense o iraquí.
Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos citó una política de larga data al negarse a hacer comentarios sobre la legislación pendiente.
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